29 julio, 2014

Un edificio protegido del XVII, en ruina por el abandono municipal

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El Ayuntamiento lo compró en 1991 para vivienda social y ahora deberá derribarlo.

El PP ultima la venta del inmueble tras no conservarlo ni darle uso durante 23 años

El Ayuntamiento de Madrid (PP) ha dejado que un edificio del siglo XVII en pleno corazón de la ciudad, protegido por su valor histórico-artístico —perteneció a la Orden de los Caballeros de Malta, que plantaron su cruz en el pórtico de entrada— y que compró en 1991 para convertirlo en pisos y equipamientos sociales, se haya deteriorado por abandono y falta de mantenimiento. Hasta tal punto es así que el área de Urbanismo ha decretado ahora su derribo por ruina inminente, al constituir incluso un peligro para las personas e inmuebles de la zona, según detalla la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

Su propietario, la Empresa Municipal de la Vivienda, planea venderlo a corto plazo para remendar sus precarias cuentas, en alerta roja por pérdidas millonarias.

El edificio, de 711 metros cuadrados y tres plantas, se alza en el número 20 de la Corredera Baja de San Pablo, en el distrito Centro, e incluye otro anejo en el número 39 de la calle del Barco

Construido en el siglo XVII, fue propiedad de los señores Andrés de Ayala Godoy y Juan Simón del Valle (que privilegió por 750 maravedíes). A mediados del siglo XVIII pasó a manos de la Orden de Malta, pudiendo servir como hospedería para caballeros.

Tras la Desamortización de Mendizábal albergó viviendas (allí residió la madre del poeta Antonio Machado) y oficinas. Un obús lo agrietó durante la Guerra Civil, pero su ruina comenzó a gestarse en 1991, cuando el Ayuntamiento lo compró y echó a sus ocupantes entre pleitos y desahucios. Una vez vacío, prometió en primera instancia construir una guardería y viviendas sociales.

En 2006, el exalcalde y ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), presupuestó cinco millones de euros para reconvertirlo, junto a otros edificios de la zona, en viviendas sociales. Ese proyecto nunca se llevó a cabo, y el inmueble siguió abandonado.

En 2011, Gallardón decidió subastarlo. “No nos compensa rehabilitarlo a precio de vivienda protegida, es mejor que lo haga un privado” para venderlo a precio libre, explicó el Ayuntamiento. Se subastó por 11 millones de euros. Nadie lo quiso. A finales de 2011 volvió a subastarse por 4,7 millones. Nadie lo quiso. Así que siguió abandonado. Aunque no del todo.

En enero de 2011, fue okupado por el colectivo del Patio Maravillas. Para evitar su venta y convertirlo en centro social, un grupo de arquitectos, arqueólogos y otros profesionales amparados por la asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio redactó un completo proyecto de rehabilitación. En él participaron también Ecologistas en Acción, Arquitectos sin Fronteras, la Asamblea de Ciudadanos del Barrio de Universidad, etcétera. El edificio iba a alojar a asociaciones vecinales y escolares, espacios de trabajo para autónomos y cooperativas, talleres de danza, teatro o escritura… Se pidió su cesión, haciéndose cargo el grupo de financiar su rehabilitación con “técnicas artesanales y participativas”. Pero Gallardón expulsó a los okupas y desechó el plan. Y el edificio siguió abandonado.

El alcalde prometió venderlo para, con el dinero, construir vivienda social. Ahora está a punto al fin de cerrarse la operación, pero el dinero no servirá ya para ese fin porque la alcaldesa, Ana Botella, anunció en 2012 que no volvería a construir vivienda social.

El edificio de la Corredera Baja de San Pablo goza de protección integral, y el anejo de la calle del Barco tiene blindadas las fachadas y escaleras. Forman parte del entorno histórico de la iglesia de San Antonio de los Alemanes.

Ya en 1997, seis años después de su compra, el Ayuntamiento adoptó medidas “provisionales” para evitar su deterioro. La Empresa Municipal de la Vivienda tramitó una licencia para rehabilitarlo en 2004. Y en 2006. Y en 2007. Y en 2009. “A día de hoy, las obras no han dado comienzo”, señala Urbanismo, que admite desconocer el motivo del retraso y “el destino final del edificio”.

En febrero de 2014, Urbanismo realizó una inspección y descubrió que su estado había “empeorado considerablemente” respecto a la última visita, en 2008, “debido al precario mantenimiento que ha estado sometido” por parte de la empresa pública. Así que decretó su estado de ruina física inminente parcial y ordenó la demolición inmediata de las zonas más dañadas, que estaban precisamente entre aquellas de conservación obligatoria.

La Comisión Local de Patrimonio Histórico, controlada por el Gobierno regional (PP), dio el visto bueno. No cuestionó el abandono por parte del Ayuntamiento durante más de dos décadas, pero sí advirtió de que iniciaría “los trámites oportunos por el incumplimiento del deber de conservación” en caso de tomarse medidas inmediatas. La medida inmediata del Ayuntamiento ha sido acelerar la venta del edificio, que compró para convertir en viviendas sociales y del que se desprenderá ahora medio derruido.

Desatención bajo investigación judicial

La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid dicta que “los propietarios de edificios tienen el deber de mantenerlos, realizando los trabajos y obras precisas para conservarlos o rehabilitarlos”. Y la Ley regional de Protección del Patrimonio puntualiza: “Los propietarios de bienes integrantes del patrimonio histórico están obligados a conservarlos, mantenerlos, custodiarlos, cuidarlos y protegerlos debidamente para asegurar su integridad y evitar su pérdida, destrucción o deterioro de conformidad”.
El Ayuntamiento ha admitido que “el incumplimiento del deber de conservación implica, además de los problemas de seguridad derivados, un incumplimiento en el deber de protección del patrimonio histórico”. Podría estar refiriéndose al edificio de la Corredera Baja de San Pablo. O a la casa blasonada del siglo XVII que expropió hace una década en la calle de Embajadores para construir un equipamiento social y que, debido a la falta de cuidados, tuvo que tirar en 2012 por su estado de ruina pese a ser un edificio protegido. O al palacio de la Duquesa de Sueca, en el número 2 de la plaza del Duque de Alba, también expropiado para construir equipamientos sociales, también abandonado, también con la máxima protección histórica, también en estado de ruina y a punto del derribo. Y, como la casa de Embajadores, también bajo investigación de la Fiscalía Provincial de Madrid por si ese abandono del Ayuntamiento fuera constitutivo de un delito contra el patrimonio histórico.

Por Bruno García Mallo para El País