24 septiembre, 2013

Tuya, mía, balón de ellos

accidentesantiago

Sigo por puro interés profesional el asunto del terrible accidente que costó la vida a 79 ciudadanos en una maldita curva de Santiago de Compostela. Y sigo este asunto también por la admiración creciente que tengo por el Juez Aláez que instruye la causa (cuántos grandes jueces ignorados que no salen en el telediario hacen bien su trabajo) especialmente por el grandísimo alarde que está haciendo de comprender las cuestiones más elementales de seguridad del relato fáctico, porque el derecho se supone que le conocen todos (iuris novit curia).

Y es que este magistrado está dando sin saberlo (o sabiéndolo tal vez) auténticas clases magistrales de gestión de los riesgos en sus autos. Está haciendo hincapié, a veces sin citarlas, en aspectos conceptuales claves como el análisis y la evaluación de riesgos, en la prevención como elemento sustancial de esa gestión, en la implantación de medidas de seguridad adecuadas a esta evaluación de riesgos, en definitiva a cómo debe ser una buena gestión de la seguridad que evite la producción del daño.

Merece la pena que mezclemos dos asuntos que corren paralelos, la calidad de la gestión de los profesionales de la seguridad y la responsabilidad penal que puede deducirse de actuaciones negligentes que pueden ser tipificadas como imprudentes y ser, por ello, constitutivas de responsabilidades en este orden.

Ya hemos hablado en una entrada anterior de este mismo blog de las dificultades que estaba teniendo el magistrado que instruye para que ADIF le proporcionara los nombres de los responsables y la resistencia de aquéllos a hacerlo de una forma diáfana, colaborando con la Administración de Justicia, como resulta preceptivo. No menos de 5 directivos de ADIF tienen relación directa con la seguridad de la circulación de los trenes en este punto concreto del accidente. Esto ya resulta bastante incomprensible desde el punto de vista organizativo de la seguridad donde rige el principio del fútbol en cuanto a la eficacia “tuya, mía, balón de ellos”. Es decir, que si en mi manual de funciones no viene esto, que en el mío tampoco, que en el de aquél sí, conclusión: 79 muertos por la falta de diligencia de quienes tienen atribuidas las responsabilidades, o de los responsables de la compañía si no han sido capaces de concretar éstas de forma eficaz, en cuyo caso estaríamos ante la responsabilidad in vigilando (y seguramente in eligendo) de los miembros del Consejo de Administración de ADIF que son, en definitiva quienes cobran por ordenar adecuadamente la actividad del gestor ferroviario.

Dice el magistrado instructor que el conductor tiene responsabilidad y seguramente será condenado por imprudencia grave ex art. 142 CP (ha tomado una curva de 80 Km/hora a 180 km/hora), pero dice también el magistrado, haciendo gala de ese sentido común que debiera adornar de igual manera a quien que se encarga de gestionar riesgos, que alguna responsabilidad habrán de tener quienes, conociendo, siendo conscientes (culpa consciente jurídicamente hablando) de que existe el riesgo de que el conductor no esté en condiciones de frenar el convoy (causas naturales o sobrevenidas) resultaría imprescindible que ese riesgo analizado y evaluado (analizar es cuantificar el nivel de riesgo y evaluar someter el nivel analizado al denominado “apetito” de riesgo del empresario) debiera haber sido tratado, es decir, debía haberse echado mano de las medidas de seguridad tecnológicas que existen y que son capaces de frenar un tren sin la intervención del conductor (medidas de activación por omisión).

Desgraciadamente ninguna de estas etapas clásicas de la gestión de riesgos ha sido afrontada. Las distintas hipótesis nos dicen que o bien no fue identificado el riesgo (mal análisis sería éste), o no fue analizado a pesar de haber sido identificado (peor aún, porque ello nos mete directamente en responsabilidades penales), o si fue analizado pero no se enfrentó el nivel de riesgo a ese “apetito” de riesgo del empresario, ya bien por no existir esta tolerancia al riesgo de ADIF escrita en sus políticas de gestión de riesgos, o por estimarse que en uso de dicho “apetito” este riesgo podría asumirse sin necesidad de ser tratado (esto ya implica responsabilidades penales por arriba del organigrama al que conociendo la posibilidad de un riesgo tan elevado que afecta a un bien jurídico de máximo nivel de tutela como la vida humana, ha decidido no hacer nada).

Esto, amigas y amigos de Internet, es lo que sucede todos los días, a todas horas, en nuestras empresas ya sean públicas o privadas, lo que pasa es que no se conoce, no hay muertos y no sale en el telediario y por eso todo el mundo tiene sensación de seguridad pero no tiene seguridad real.

Sorprendente ha sido la intervención en la instrucción de la Abogacía del Estado a quien cabe la representación procesal de los acusados del ente público ADIF (en realidad cuando han aparecido en escena es cuando el magistrado gallego ha mostrado su intención de imputar a los miembros del Consejo de Administración por responsabilidad in vigilando), que han intentado (haciendo un tremendo ridículo desde el punto de vista de la gestión de riesgos, al menos) desvirtuar al juicioso magistrado argumentando que sus patrocinados, 23 miembros del Consejo de Administración, no acudirán a la llamada de la Justicia para evitar “el innecesario perjuicio a su intimidad que provocaría una causa con gran repercusión mediática”. Alega la Abogacía del Estado que el magistrado basa sus imputaciones en fundamentos “erróneos” al exigirle a los cargos de ADIF que “posean la sobrehumana capacidad predictiva” pues el magistrado exige a los cargos y personal del gestor que “posean la sobrehumana capacidad predictiva, prácticamente adivinatoria, omnisciente, de predecir que se podría producir un caso de imprudencia”, para más adelante decir en el recurso del Juez Aláez “atribuye a estas personas una especie de capacidad visionaria que les hubiera permitido prever un comportamiento de una naturaleza tan grave”.

Al margen de aspectos jurídicos de calificación de los hechos (apasionante para juristas y seguramente aburrido para legos) el papel de la Abogacía del Estado y sus argumentaciones para que “libre” el señorito (al fin y al cabo dice la prensa que sólo gana la miseria de 370.000 € al año que al parecer no cubre los perjuicios para su intimidad) sin duda figurarán en la profesión de gestor de riesgos como la mayor tontería de nuestra pequeña historia profesional. Llamar al análisis y la evaluación de riesgos “sobrehumanda capacidad predictiva” es fuerte de coj…, pero es que llamar a la prevención, concepto básico de la gestión de riesgos, “capacidad visionaria, adivinatoria, omniscente” es algo digno de guardarlo para cuando el mismo Estado que paga a estos letrados nos sancione, utilizar sus propios argumentos.

Si la Audiencia provincial de A Coruña no desautoriza al magistrado instructor, habríamos de estar ante una Sentencia ejemplar y ejemplarizante, y no sólo desde el punto de vista jurisprudencial, sino, muy importante, para darla a conocer a Directores de Seguridad y a los superiores de esos Directores interesados más en los decorados de cartón-piedra que en una seguridad efectiva. Los muertos de A Grandeira deben rendir un último servicio a la sociedad que les dejó abandonados ante un riesgo que ni siquiera podían soñar cuando se subieron al tren en Madrid. Los muertos de A Grandeira, y ese Juez que creen en el derecho deben producir un nuevo aprendizaje a la profesión. Se llama aprendizaje vicario y viene siendo lo mismo que “escarmentar en cabeza ajena”.

Por José Manuel García Diego en SECURGEST.