8 noviembre, 2016

Sólo se recupera 1 de cada 100 bienes culturales robados en México

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México ha tenido malos resultados en la recuperación de antigüedades culturales robadas. Hay deficiencias tanto en el registro de estos robos como en la falta de coordinación entre las autoridades para preservar los artículos.

El tráfico del patrimonio cultural es una actividad que conecta desde anticuarios y políticos en Buenos Aires hasta narcos en Guatemala, y desde coleccionistas bajo sospecha en México hasta diplomáticos en Costa Rica y Perú. Este especial –conformado por varias entregas– fue realizado entre cinco equipos periodísticos del continente y revela el esquema del mercado internacional del arte que permite la venta de objetos robados de templos, museos públicos y colecciones privadas. Es la primera investigación periodística del tráfico cultural con datos masivos e incluye un banco de datos que constituye el inicio del primer censo latinoamericano de bienes culturales robados.

A iniciativa de OjoPúblico, se conformó una alianza de equipos periodísticos integrada por La Nación (Costa Rica), Plaza Pública (Guatemala), Animal Político (México) y Chequeado (Argentina).

Una imagen muy clara del tráfico de bienes culturales en México es una iglesia donde los fieles se hincan ante ocho imágenes falsas. El altar mayor de la parroquia de Santa Isabel de Portugal, ubicada en la colonia Santa Isabel Tola, un barrio pobre en el noreste de la capital, es un retablo de oro que luce una Virgen de Guadalupe, una escena de la Crucifixión de Cristo a la que flanquean dos imágenes de arcángeles, y cuatro retratos de santos. Todas son copias de pinturas de los siglos XVII y XVIII que fueron robadas en agosto de 2008.

Aquel día, el párroco Jaime Hernández mandó a repicar las campanas para anunciar el robo. El sonido de esa alerta está tan vivo entre los pobladores de Santa Isabel Tola como las versiones y especulaciones que surgieron después y que pronto fueron puestas en duda. Por ejemplo, que los ladrones no pudieron entrar por la ventana porque es demasiado pequeña; o por qué no había vigilancia si las pinturas eran tan valiosas; o las razones de que la Policía no actuara si había sido alertada esa misma madrugada, y los agentes ni siquiera quisieran entrar al templo para revisar lo que había ocurrido.

Mientras la investigación seguía su curso, el padre Hernández y los pobladores de Santa Isabel Tola juntaron poco más de medio millón de pesos (US$25.800) con rifas y colectas para mandar a hacer réplicas y revestir el altar de su templo. Sabían que las piezas originales nunca serían recuperadas.

La realidad les da la razón: nueve de cada diez bienes culturales, entre los que se cuenta piezas arqueológicas, objetos litúrgicos y arte religioso reportados como robados en México nunca son recuperados, según cifras oficiales revisadas por Animal Político como parte del proyecto Memoria Robada, la primera investigación regional sobre tráfico de patrimonio cultural con datos masivos.

La revisión incluye información del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Procuraduría General de la República (PGR), desde el 2003 hasta la fecha, sobre robo de bienes culturales como las imágenes robadas de la Iglesia de Santa Isabel.

En los últimos 13 años, el INAH ha acumulado una lista de 4.757 objetos arqueológicos o históricos con reporte de robo en México, que es considerado un delito federal. Sin embargo, la PGR sólo tiene datos de 67 obras recuperadas en ese lapso y restituidas a su lugar de origen. El cruce sugiere que la capacidad de recuperación es de apenas 1,4%.

Animal Político solicitó una entrevista con la directora del área de conservación del patrimonio del INAH —organismo encargado de la conservación y protección de las piezas arqueológicas e históricas anteriores al siglo XIX—, pero fue rechazada.

“Ni las autoridades eclesiásticas ni el gobierno mexicano prestan atención al saqueo en el país”, dijo en entrevista Elisa Vargaslugo, directora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y una de las principales voces en el ambiente cultural mexicano, quien exige coordinación entre instancias de gobierno para poner fin al robo y tráfico de arte.

Los registros oficiales no sólo muestran pocos resultados en la recuperación de bienes culturales robados: también revelan carencia de información, seguimiento y descoordinación entre los responsables del tema.

El presupuesto asignado por la Cámara de Diputados para la Conservación del Patrimonio Cultural de la Nación disminuyó en términos reales un 28% en los últimos cinco años.

Desde 2003, el INAH ha dado cuenta de al menos 333 casos distintos de robo, todos reportados ante la PGR, según pudo conocer Animal Político a través de un pedido de información pública. Sin embargo, en ese mismo lapso la PGR sólo tiene registro de 62 averiguaciones previas o indagatorias por distintos robos de bienes culturales reportados tanto por el INAH como por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), que tiene a cargo la conservación y protección del arte contemporáneo. Es decir, la mayoría de delitos contra el patrimonio cultural mexicano ni siquiera llega a ser investigado.

Una muestra evidente es lo ocurrido en 2014. Ese año, el INAH registró 11 hechos distintos en los cuales se robaron un total de 230 piezas: 223 arqueológicas y siete históricas. La PGR señala que no ha iniciado alguna averiguación en ese periodo.

Animal Político solicitó una entrevista con la subprocuraduría especializada en este tipo de robos, pero hasta el cierre de este informe no obtuvo respuesta.

La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos establece en el Artículo 53 penas de hasta 12 años de prisión para quien saque del país, sin el permiso correspondiente, bienes culturales que son considerados patrimonio nacional.

También incluye penas de hasta 10 años de cárcel para quien dañe o altere bienes arqueológicos, históricos o artísticos, y para quien comercie con ellos, los transporte, reproduzca y exhiba sin la autorización debida.
Pero en casos como el saqueo en la parroquia de Santa Isabel de Portugal, ocho años después, no hay ningún responsable, nadie ha sido detenido y ninguna obra ha sido recuperada.

“No sabemos dónde están las pinturas. Tal vez algún día aparezcan en un museo de Europa”, dijo José Martínez, habitante de la zona.

Tesoro desconocido

México no conoce con certeza cuántas ni qué tipo de piezas constituyen el universo de su patrimonio de bienes culturales. No existe un registro pormenorizado y único sobre las piezas arqueológicas, de valor histórico (incluyendo el arte sacro) o artístico que hay en el país.

El investigador Bolfy Cottom, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dijo en entrevista que durante la última década esa institución ha avanzado en el propósito de catalogar todas las obras del país. Sin embargo, rechazó dar detalles de esos avances y señaló que el trabajo para lograr el registro “es inmenso” y el progreso, “lento”.

A la magnitud del reto, apuntó Cottom, se suma que año a año las instituciones culturales mexicanas sufren recortes de presupuesto y de personal: en 2012, el INAH y el INBA recibieron en conjunto 108.2 millones de dólares para ese fin. Para este 2016, el presupuesto de ambas instituciones para la conservación del patrimonio cultural fue de apenas 87.3 millones de dólares.

El presupuesto asignado por la Cámara de Diputados para la Conservación del Patrimonio Cultural de la Nación disminuyó en términos reales 28% en los últimos cinco años.

El recorte podría continuar, pues según los datos de la Secretaría de Hacienda sobre el proyecto de presupuesto del gasto público 2017 del gobierno mexicano, la cifra para la protección de bienes culturales podría ser 8 mil dólares inferior.

El arte sacro, un cliente frecuente

Paul Achar, presidente de la Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas, afirmó en entrevista que el poco presupuesto para tener un registro público sobre las obras que el país posee facilita su robo y desaparición, pues muchas veces ni siquiera existen datos sobre las piezas y por eso es más sencillo venderlas y trasladarlas.

El caso de la parroquia de Santa Isabel de Portugal es un ejemplo. Trabajadores de la iglesia afirmaron que las autoridades culturales no hacían un seguimiento riguroso al estado de las obras en el templo. Cuando la comunidad optó por mandar a hacer réplicas de las pinturas robadas, no pudo acudir a registro oficial alguno. Los vecinos tuvieron que buscar imágenes de las obras en sus álbumes familiares para poder recrearlas.
Animal Político solicitó una entrevista al INAH sobre este caso, pero no obtuvo respuesta. En la Comisión de Arte Sacro de la Arquidiócesis Primada de México dijeron que no tenían disponibles los datos sobre el robo ni las características de los óleos.

En el país existen más de 19 mil sitios dedicados al culto religioso, de acuerdo con información que aparece en la página del poder Legislativo mexicano.

El sacerdote José Raúl Hernández Schäfler, encargado de la Comisión de Arte Sacro de la Arquidiócesis Primada de México, dijo que para combatir la falta de registros la iglesia católica está elaborando un catálogo con las obras que se encuentran en cada uno de los templos del país.

El religioso reconoció en entrevista que completarlo podría tardar 15 años, a partir de este 2016, y que ello implica que continúe la pérdida de patrimonio: “Como no existe un catálogo completo, pormenorizado, con todos los elementos de descripción, de medidas, de fotografías, entonces es muy difícil dar la información a aduanas, a la PGR, a los ministerios públicos, porque no se tiene un catálogo adecuado”.

En junio de 2010, el gobierno mexicano informó que el INAH, el Conaculta y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tenían un avance de 75% en la elaboración de un catálogo del arte sacro bajo resguardo en el país, pero seis años después las fuentes consultadas no pudieron confirmar la existencia o publicación del documento.

Del total de piezas que el INAH ha reportado como robadas y no han sido recuperadas en los últimos trece años, 827 —el 17.3%— son piezas históricas, entre las que se incluyen obras de arte sacro.
A estas cifras se suman los casos no reportados. El sacerdote José Raúl Hernández Schäfler reconoció que al faltar piezas en una iglesia, lo más común es que el mismo personal religioso elija no denunciar. Esto hace que muchos de los robos de piezas de arte sacro sean invisibles.

Según la PGR, el gobierno federal cuenta con un Catálogo de Bienes Culturales Robados que consta de 539 páginas con fotografías e información detallada sobre cada pieza robada, pero tras una solicitud de información pública dijo que el documento está reservado por tratarse de investigaciones en curso o información que forma parte de alguna.

El problema es que México tiene siete tratados bilaterales existentes para la recuperación del patrimonio cultural, pero ninguno con un país europeo.

La única información pública disponible con detalle sobre bienes culturales robados en México es la de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), a la que Animal Político accedió como parte del proyecto Memoria Robada, una investigación internacional que analiza el tráfico de patrimonio cultural en América Latina.

La base de datos de Interpol sobre México cuenta con 320 registros que incluyen información sobre el tipo de obra, imagen o nombre de la pieza; sitio y fecha de desaparición, o detalles como tamaño y autor.
Aunque la información de Interpol se basa en la que reporta la misma PGR tras el robo de un bien cultural, los datos disponibles en México no coinciden con los de la policía internacional.
Interpol, PGR, INAH e INBA poseen un registro distinto sobre los bienes perdidos en el país, no sólo en cuanto a número de piezas desaparecidas, sino también respecto a los detalles de cada una, fechas o características.

“Si tuviéramos un catálogo en el que quedara perfectamente estipulado quién es el propietario, hablando de bienes del país, sería mucho más sencillo encontrar las piezas, rastrearlas”, dijo Paul Achar, presidente de la Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas.

Las autoridades mexicanas no cuentan con información sobre qué obras con reporte de robo están bajo sospecha de haber salido del país. Los vecinos de la comunidad de Santa Isabel Tola rumoran que las pinturas robadas de su templo en agosto de 2008 salieron de inmediato hacia el exterior.
En realidad, no hay datos que confirmen o rechacen esa versión.

Mientras tanto, el INAH reporta que entre 2006 y 2016 logró recuperar piezas arqueológicas mexicanas en diez ciudades estadounidenses como Dallas, Houston, Mc Allen, El Paso, Laredo y San Antonio en el estado de Texas; Los Ángeles y San Francisco en California; Miami en Florida; y Albuquerque en Nuevo México. También en localidades no especificadas de Seattle, Kansas City, Boston, Brownsville y Carolina del Norte.
Ese instituto también ha recibido información de piezas robadas en México que en los últimos diez años han aparecido en Italia, España, Bélgica y Alemania.

El problema es que México cuenta con siete tratados bilaterales vigentes en materia de recuperación de patrimonio cultural, pero ninguno con un país europeo, sino con Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Belice, Perú, Uruguay y Chile.

La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana rechazó informar sobre el proceso para restituir bienes culturales robados al argumentar que se trata de negociaciones diplomáticas vigentes con esos países.
El sacerdote Jaime Hernández insistió en que ya no espera un avance de las investigaciones para recuperar los óleos de la parroquia de Santa Isabel de Portugal. Dijo que los actuales óleos “no le piden nada a los pasados” en belleza. Aunque las obras robadas eran del siglo XVII y XVIII, “las nuevas son obras muy fieles. El recuperar la vista del retablo y sus óleos nos hizo trabajar mucho, hizo conciencia en la comunidad, se bendijo nuevamente el retablo, y ya es de nuevo una expresión de la esperanza de la gente”.
Pero para otros habitantes consultados, el rendirle culto a réplicas en la iglesia sigue representando un agravio, el recuerdo de la falta de control sobre el patrimonio del pueblo, y de la falta de resultados de las autoridades.

“Al principio fue muy sonado el caso, pero ya no se sabe nada, nadie ha estado pendiente de la investigación”, dijo una mujer que trabaja en una panadería, frente a la iglesia donde la gente se hinca y reza frente al recuerdo de un robo.

Consulta el artículo original de Animal Político