1 junio, 2010

La Fiscalía detecta en Galicia una red de tráfico ilegal de objetos religiosos

El conselleiro de Cultura anuncia que se reformará la legislación sobre protección del patrimonio cultural.

01_noticia_vozLa Fiscalía Superior de Galicia alertó ayer de la existencia de un grave problema en la protección y el mantenimiento del valioso patrimonio histórico existente en la comunidad. En este sentido, destacó lo que ocurre con el arte religioso y apuntó que la Guardia Civil investigó un elevado número de denuncias relacionadas con el robo de objetos de culto en distintas iglesias y en pazos de Galicia. En esas acciones se sustrajeron cruces (algunas del siglo XVIII), cálices e incensarios. A juicio del fiscal superior, Carlos Varela, estos hechos vienen «a confirmar as sospeitas, desde hai anos, de que en Galicia existe un consolidado tráfico comercial ilícito de obxectos relixiosos».

También recordó, como suceso destacado, que fue judicializada la denuncia del dueño de un pazo por el robo de diversos objetos de carácter religioso correspondientes a los siglos XVII y XVIII.

El fiscal superior de Galicia realizó esta advertencia en el marco de las quintas jornadas sobre patrimonio cultural, que se celebraron ayer en el parador del municipio pontevedrés de Baiona y que fueron inauguradas por el conselleiro de Cultura, Roberto Varela, quien anunció el firme propósito de su consellería de reformar la Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, que data del año 1995.

El conselleiro consideró que esa reforma de la legislación es fundamental «para conseguir a protección integral do noso patrimonio e para adecuar a lei ás necesidades dos novos tempos».

Procedimientos penales
Durante el año 2009 se registraron 25 procedimientos penales por delitos cometidos contra el patrimonio histórico de Galicia, once de los cuales fueron objetos de elaboración de escritos de acusación por parte de la Fiscalía. El fiscal Varela señaló que la conservación del patrimonio incumbe a las Administraciones públicas, a las entidades privadas y a la ciudadanía en general. En este sentido, apuntó que cada uno debe tener «ben definido o seu papel protector na futura lei galega de patrimonio cultural». Carlos Varela destacó la necesidad de ser «ambiciosos para articular unha norma legal de última xeración na que se poidan incorporar distintas tipoloxías de bens culturais e dotalas de medidas de protección específicas».

La conservación preventiva del patrimonio reduciría, a su juicio, el riesgo de deterioro de bienes culturales, «coa posterior e obrigada restauración».

El representante de la Fiscalía gallega apuntó los daños que están sufriendo castillos, torres y murallas medievales que se vieron abandonadas y que fueron saqueadas en numerosas ocasiones. El fiscal reveló que incluso fueron vendidas para usos «incompatibles coa súa natureza, e mesmo trasladadas pedra a pedra a outros lugares». Carlos Varela recordó que muchas de esas fortalezas están en manos privadas y que sus propietarios «opóñense a abrilas ao público, tal e como obriga a lei de patrimonio cultural». Lamentó, asimismo, que esos propietarios «non invistan o que correspondería para un axeitado mantemento».

Sentencias por dos delitos
En las jornadas de Baiona sobre patrimonio cultural se destacaron dos sentencias firmes dictadas el año pasado por delitos contra el patrimonio. El fiscal recordó la dictada por un juzgado de Santiago contra dos buceadores británicos por hacer extracciones de un pecio del siglo XIX en Ribeira, y una de Lugo en la que se condenó a prisión al administrador único de una empresa de losas por causar daños irreversibles en un castro de A Fonsagrada.

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