18 julio, 2014

El Gobierno improvisa una norma para que el Castillo de Monterrei sea un hotel

monterrei

El pacto se ha cumplido. La Moncloa mete el bisturí en su propia orden ministerial de hace un lustro sobre el Castillo de Monterrei y del quirófano sale un documento de cesión renovado y “ampliado”, con una estética al gusto de San Caetano. El texto aprobado en julio de 2009, y retocado de manera crucial ahora, por el que el Ministerio de Hacienda cedía de balde a la Xunta el recinto fundado en el siglo XII —símbolo patrimonial de la comarca— fijaba qué superficie estatal de la acrópolis, que anteriormente fue de la Casa de Alba, debía destinarse a usos culturales y de promoción de los valores de la zona. Pero desde hace un tiempo el Gobierno gallego alberga planes diferentes para el enclave amurallado, y aunque ha puesto al pueblo llano en pie de guerra, sigue apuntalando su propósito de reformar la fortaleza mejor conservada de Galicia para abrir en ella un hotel de lujo.

Será, según se ha anunciado, un parador de turismo, que sustituirá, cuando se abra, al que ya existe a 300 metros, el Parador de Verín, situado en terrenos fronterizos entre los dos municipios ourensanos y que permanece cerrado al público buena parte del año por falta de clientela. Por eso el pasado 27 de junio, según informó el subdirector general de Patrimonio del Estado, Bernardino Pérez, a algunos de los vecinos que defienden el uso público y cultural del monumento, el Gobierno aprobó una nueva orden ministerial —que pisa la otra— para la “ampliación de los fines” estipulados para el castillo.

El objetivo de esta orden (que aparece enumerada dentro de la lista de últimas cesiones gratuitas aprobadas por el Estado en el BOE del pasado sábado) es “poder dedicar el inmueble, además de a los [usos] establecidos (…), a la promoción del turismo a través de actuaciones concertadas con la administración turística estatal (Turespaña y Paradores de Turismo, SA)”, tal y como explica en su carta el cargo del Ministerio de Hacienda. A partir de ahora, gracias a las líneas que añade el nuevo texto gubernamental, será plenamente legal la reforma hotelera para la que hace ya meses pidió y obtuvo licencia municipal la Axencia de Turismo de Galicia.

Los diversos colectivos que forman parte de la Plataforma Cidadá en Defensa do Castelo de Monterrei, un movimiento “sin vinculación alguna con partidos políticos ni sindicatos”, llevaban meses denunciando esta situación en los actos que convocaban. Advertían de que tanto la licencia municipal como el parador podrían ser ilegales mientras la Xunta y el propietario de las torres, el Estado español, no acordasen la redacción de un nuevo documento de cesión. Probablemente nadie, arriba, creyó necesario este cambio normativo hasta que la plataforma dejó en evidencia la contradicción con lo aprobado anteriormente.

Turismo, un organismo autónomo que depende de forma directa de la Consellería de Presidencia, siempre se justificó en que el texto de 2009 ya llevaba implícito el uso “lucrativo” de las instalaciones y (pese a que esa palabra no aparece por ninguna parte en la documentación oficial) con este discurso fue avanzando los trámites desde el año pasado. De esta manera, el departamento que dirige Nava Castro encargó a las arquitectas Cristina Ezcurra y Cristina Ouzande la redacción del proyecto básico y de ejecución para acondicionar este BIC, catalogado con la máxima protección, a usos hoteleros. Y el pasado marzo obtuvo el visto bueno de la Dirección Xeral de Patrimonio para la obra. Pero faltaba la bendición definitiva del ministerio para regularizar de una vez por todas un plan contra el que los vecinos siguen luchando.

En medio año, la plataforma ha desplegado todas las iniciativas a su alcance para frenar las zancadas de la Administración gallega y evitar que se arrebaten muchos metros cuadrados a lo que prometía y comprometía la orden ministerial: que el que fue declarado Monumento Nacional en 1931 fuese en adelante espacio cívico y templo del acervo y las actividades de la zona. Concretamente el Gobierno especificaba que el castillo, en manos de la Xunta, tendría por destino la creación de un “centro de divulgación, innovación y promocíón de la moda, el vino y las aguas medicinales de la comarca, restauración y musealización de los edificios y archivo de las tradiciones de frontera y pueblos próximos”, tal y como recogía un BOE de 2010.

Pero de toda esa retahíla, Turismo de Galicia destaca ahora una palabra que en principio significa otra cosa cuando se habla de un castillo y de patrimonio histórico, “restauración”, para defender que el Ministerio de Hacienda abrió desde un principio la puerta a la explotación del imponente legado como negocio. “La Xunta siempre fue plenamente consciente de que la orden de 31 de julio de 2009 recogía como una de las posibles dedicaciones de la fortaleza, además de la cultural, otras lucrativas, como era el uso de restauración, y además era consciente de que el destino podía ser objeto de una ampliación”, responde un portavoz oficial a este diario. Supuestamente, Turismo siempre entendió “restauración” en su acepción culinaria.

“Tal circunstancia”, sigue exponiendo esta persona autorizada, “hizo que, de común acuerdo con Paradores, se instara a la ampliación de los usos con la finalidad de preservar el cultural y [que el castillo], al mismo tiempo, pudiera albergar utilizaciones turísticas que ayuden a su mantenimiento”. Además la Axencia puntualiza, una vez más en los últimos meses, que “tanto a través de la Dirección Xeral de Patrimonio como a través de Turismo, la Xunta ha respetado en todo momento este uso cultural y ha sido muy estricta para que se mantenga la condición de BIC”.

Por último, el portavoz destaca el hecho —esperable, de cualquier manera, por parte de la Administración en un proyecto que afecta a un monumento y que está siendo vigilado de cerca por sus detractores— de que “hasta que se aprobó la ampliación de los usos, no se comenzaron las obras en la parte del recinto destinada a uso como parador”. Pese a esto, logró de antemano la licencia municipal de obra.

Por  Silvia R. Pontevedra en El País.