7 octubre, 2014

El fiscal pide cárcel para 45 implicados en el fraude a la Alhambra

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La Alhambra tuvo entre 2002 y 2005 un “circuito ilegal” de venta de entradas y acceso al monumento, ideado por 45 personas, que supuso un perjuicio económico de 6,6 millones de euros. Así lo cree la fiscalía, que acusa a este grupo por un supuesto fraude que afectó “al patrimonio y a la actividad económica del recinto y de la propia ciudad de Granada”. El ministerio público calcula en su escrito que los gastos para restaurar la imagen dañada ascenderán a dos millones de euros.

Después de casi 10 años de investigación, el fiscal del caso Alhambra, Luis Salcedo, ha puesto sobre la mesa la acusación pública. Pide penas de entre cuatro y nueve años de prisión, además de multas. Si el juez fijó en 77 los imputados al final de su instrucción, la fiscalía ha formulado acusación contra 45. Respecto a los 32 restantes, considera que no queda acreditada su participación.

Apropiación indebida, o subsidiariamente estafa, falsedad en documento mercantil y daños al patrimonio histórico artístico son los delitos que inicialmente les atribuye. Todos de forma continuada. Para diez de los acusados, entre los que hay cinco miembros de una misma familia, pide nueve años de cárcel y 9.000 euros de multa; para los 34 restantes rebaja a cuatro años la pena de prisión y a más de 2.000 euros la multa. Todos, incluidas las agencias clave en esta trama, deben pagar al Patronato de la Alhambra y el Generalife 6,6 millones de euros por el perjuicio ocasionado, no solo económico sino también, según el fiscal, “a la proyección internacional y a la gestión del monumento”.

En esta “compleja trama delictiva” hay casi de todo. Relaciones familiares, negocios, pagos “en especie”, tratos de favor, gastos de difícil justificación, llamativos incrementos patrimoniales, transferencias, cheques, viajes y tratamientos médicos. A modo de ejemplo, destaca la adquisición como copropietario por parte de uno de los acusados de una avioneta, con su correspondiente curso de piloto, que se pagó con dinero cuyo origen se desconoce.

Para llevar a cabo este supuesto fraude, según el escrito del fiscal, una parte de los acusados (guías turísticos, responsables hoteleros y participantes en la gestión de agencias de viaje) ideó un plan para conseguir “provecho patrimonial ilícito”. El dinero que sus clientes le entregaban para obtener una entrada que diera acceso a la Alhambra no era ingresado a través de los sistemas establecidos en el patronato, sino que se incorporaba “ilícitamente” a su patrimonio. Pese a ello, los turistas podían acceder al recinto gracias a las relaciones de amistad y profesionales con otros acusados. Lo hacían a veces sin entradas, otras con una entrada comprada pero cuyo uso no se correspondía con los datos que aparecían en ella —había sido utilizada ya, era para hora distinta o para menor número de turistas que los que la usaban— o habían sido imprimidas “de manera ilícita”.

Salvo en algún caso, debían contar con la participación de los peones controladores del monumento y los oficiales encargados de impedir el acceso irregular al recinto. La impresión ilícita de las entradas se hacía a través de reservas efectuadas en el BBVA que, posteriormente, eran canceladas o a través de bonos de la Federación de Hostelería y Turismo que no eran retirados. Para ello, los principales acusados requerían de la participación de otros tres encausados: el responsable del sistema informático y dos oficiales de primera que estaban encargados de la custodia y traslado de los billetes.

De los 6,6 millones de euros fijados por el fiscal, 3,5 corresponden a los ingresos no percibidos y 3,1 a los daños materiales causados. Hay que tener en cuenta que durante esos años (2002-2005) se superó de forma continuada en más del 50% el aforo establecido en los palacios. Se registraron ocupaciones de 700 visitantes en diversas franjas horarias. Durante ese periodo de tres años, además, aumentaron los gastos de mantenimiento pero disminuía el número de visitantes registrados de forma oficial.

Por Valme Cortés en El País.