1 marzo, 2013

Así debería ser la Ley de Mecenazgo

Tras los recortes sufridos por el sector cultural español, la Ley de Mecenazgo se atisba en el horizonte como una esperanza | Pero las declaraciones del Gobierno en torno a su configuración también han sembrado muchas dudas | Destacados gestores culturales ofrecen a través de El Cultural las propuestas indispensables para que funcione | Todos coinciden en que las desgravaciones deben superar el 50% pero no hay acuerdo sobre qué instituciones deben recibir la financiación privada.

El pasado 29 de enero el Prado firmó con la familia Várez Fisa la donación más importante para la pinacoteca en los últimos 70 años. Doce piezas (artesonados, tallas, retablos…) pertenecientes al Medievo y el Renacimiento pasaron engrosar el patrimonio del museo. En la ceremonia que escenificó el acuerdo concurrió hasta Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, poco dado a dejarse ver por actos relacionados con la cultura. El líder popular aprovechó la ocasión para reflexionar sobre el papel del mecenazgo en el sostenimiento y promoción de las artes en nuestro país. Y anunció la pretensión de su Ejecutivo de promulgar una nueva ley que lo regule y que, literalmente, “estará a la altura de los tiempos y de nuestras posibilidades”.

Rajoy dejó con esa afirmación tan vaga, tan genérica, muchas dudas flotando en el aire de la sala 49 del museo (la que alberga la réplica La Gioconda). En realidad, esas palabras podrían prestarse a todo tipo de conjeturas e interpretaciones. Pero ya es tiempo de ir aterrizando en hechos concretos. El sector cultural anda sediento de financiación, más bien está a punto de deshidratarse tras el repliegue del dinero público y la escasa afluencia del privado para impulsar sus proyectos. El Cultural ha sondeado el parecer de representantes de diversas áreas muy sensibles a los efectos que pueda generar la futura legislación en esta materia. La idea es escuchar sus propuestas para perfilar con contornos más precisos una regulación sobre la que sobrevuelan muchas esperanzas pero también muchas dudas. ¿Cuajará en España un modelo arraigado en el entorno anglosajón pero con escasa tradición aquí? ¿Quiénes se favorecerán realmente de esas presuntas bolsas de dinero procedentes de compañías privadas? ¿En qué porcentaje deberán quedar fijadas las desgravaciones fiscales para los donantes y benefactores? ¿Es realmente ahora un momento apropiado para plantearse un tránsito así?

Miguel Zugaza, director del Prado, estaba presente el día de la donación. Así tenía que ser dada su condición. Él también tomó la palabra en el acto, antes que el presidente, y pareció que le azuzaba a fin de que la nueva ley fuese una realidad en breve: “En un momento como el actual la realidad presupuestaria pone en duda la capacidad del esfuerzo público para sostener, entre otros, este pilar fundamental de nuestra cultura”. Un mes después, con más calma, expresa ante esta publicación sus temores de cara al nuevo escenario que busca diseñar el Gobierno. Hay en particular uno que le crea especial desconfianza: la presión que pueda ejercer “el poderoso lobby de las fundaciones privadas”: “Lo fundamental es que la nueva ley premie de forma clara las donaciones y el mecenazgo privado dirigido a instituciones públicas, que son en nuestro país sobre las que recae. Es una realidad. Sería, además de justo, muy aleccionador que la Administración favorezca especialmente el apoyo privado a estas instituciones. Además, el reconocimiento de esta singularidad tendría un impacto fiscal siempre favorable para la hacienda pública”.

Contra un mecenazgo dirigido al sector público

Lejos, muy lejos de esta posición se ubica Jesús Cimarro, presidente de la Asociación de Productores de Teatro Madrid y vicepresidente de Faeteda (la patronal de los productores escénicos de ámbito estatal). Su opinión es, de hecho, diametralmente opuesta: “Como sea una ley ad hoc para ayudar sólo al sector público, nosotros acabaremos desapareciendo”. Para Cimarro el futuro texto legal debe permitir que empresas y particulares de cualquier área de negocio puedan respaldar con aportaciones económicas a otros particulares u otras empresas del ámbito cultural. Lo resume así: “Que el dinero de la sociedad civil revierta en la sociedad civil. Eso sería el verdadero mecenazgo”. “Lo que sería injusto es que unidades de producción como el CDN, que ya tienen asignadas una partida presupuestaria, fuesen las únicas que pudiesen absorber los fondos privados”, remacha.

Enrique Salaberría, el empresario que a través de Smedia gestiona más salas de teatro en Madrid (algunas en colaboración con firmas privadas como Compaq y Cofidis), se sitúa en la línea de Cimarro, aunque con una argumentación más radical: “La mejor Ley de Mecenazgo que pueden elaborar sería desmantelar la estructura pública de teatros en manos de comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos… Todos ellos hacen una competencia desleal a los teatros privados y están regidos por censores que programan conforme a criterios de amiguismo. Es pura endogamia ineficiente”. Salaberría tiene pocas esperanzas en las nuevas reglas de juego que pueda establecer el Gobierno. Y utiliza una metáfora para justificar su escepticismo: “Lo del mecenazgo es una pieza demasiado grande para insertarla en un mecanismo demasiado pequeño. En España el mercado privado en el territorio escénico es residual, apenas un 10% en comparación con la inversión pública. Al final el dinero del mecenazgo servirá para cebarla todavía más”.

Para evitar esa posibilidad, la Fundación Arte y Mecenazgo, impulsada por la Caixa, considera indispensable una ampliación de las fronteras de las entidades que dan derecho a las desgravaciones. Figuran en el artículo 2 de la ley que regula en la actualidad los incentivos al mecenazgo, del año 2003. Y son, de manera resumida: “Las fundaciones, las asociaciones de utilidad pública y las entidades inscritas en el registro de la AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional)”. Mercedes Basso, directora de esta fundación, exige la apertura de este listado, a fin de englobar otras figuras. El problema que denuncia es que si un museo privado, por ejemplo, no se constituye como fundación no puede recibir directamente una aportación financiera privada.

Desgravaciones: un mínimo de un 50%

Basso cree que las desgravaciones sólo surtirán efecto como acicate para la inversión únicamente si superan el 50%. En la actualidad están fijadas en el 25% para personas físicas y del 35% para personas jurídica. Porcentajes -según datos de su fundación- situados muy por debajo de Estados Unidos (100% sobre la base) y Gran Bretaña (70%). En Francia, hacia donde muchos miran como un referente en este terreno, oscilan entre el 66% para personas físicas y 60% para las jurídicas (aunque en determinados casos llega al 90%). Aquí está uno de los grandes escollos que afronta la norma. Cultura estaría dispuesta a abrir la mano pero Hacienda parece negarse de plano, porque supondría una merma en los ingresos en las arcas públicas.

Pero el discurso sobre el mecenazgo de Mercedes Basso trasciende los aspectos estrictamente monetarios. Es algo que le gusta remarcar: “La ley debe ser de mecenazgo y de participación social. El mecenas no es un mero patrocinador que pone un dinero. No. Es alguien que se implica, que cree que en la labor que ejerce. Lo que echo en falta es una mayor formación sobre mecenazgo entre los gestores de museos. Sería muy útil para establecer un diálogo más fluido entre ellos y los mecenas y fortalecer sus lazos de colaboración”. También anhela una mayor presencia de eslabones entre estos centros y la sociedad civil: “Es que en el MoMA hay veintemil comités que permiten esa conexión”. Cita como ejemplo en España la fundación creada por el MACBA, pionera entre nuestra fronteras. El Reina Sofía, por su parte, acaba de poner en marcha la suya, con patronos de mucha nombradía como Juan Abelló y Patricia Phelps Cisneros, una fórmula de engranaje del museo con el mundo exterior que suscita también algunas desconfianzas: los hay que la conciben como una privatización sibilina del museo.

El milagro brasileño

En el ámbito cinematográfico la futura regulación del mecenazgo no levanta los maltrechos ánimos de un sector que ha sufrido serios recortes. Luis Miñarro, fundador y propietario de la productora Eddie Saeta, que cuenta con una Palma de Oro en Cannes por la película Tío Boonme revive sus vidas pasadas, observa cómo la industria del cine en España “se va desvaneciendo día a día”. Habla a El Cultural de laboratorios de imagen y de sonido que han echado el cierre o están a punto de hacerlo, de su propia empresa en la que eran cinco y ahora sólo tres… Cuando piensa en el mecenazgo su cabeza se dirige directamente a Brasil: “Las desgravaciones allí son altísimas. Grandes empresas como Petrobras están haciendo grandes inversiones en su cine brasileño. Los resultados se notan. Hace cinco o seis años no tenían ninguna presencia en festivales internacionales y ahora es uno de los focos de creación fílmico más rico”.

Miñarro se teme que las empresas con suficiente liquidez lo que busquen en la cultura sea sencillamente lucimiento: que su sello se vea en espectáculos o producciones mediáticas y llamativas, algo que “atentaría contra la diversidad de nuestra cultura”. Para salvar ese potencial abismo Cimarro propone la inclusión de “discriminaciones positivas”. Es una posible solución, pero siguen faltando muchas. Armonizar tantos intereses contrapuestos en una sola ley no será sencillo. Pero el esfuerzo urge, antes de que los cimientos financieros de la cultura en España acaben desplomándose.

Por Alberto Ojeda de El Cultural.