18 marzo, 2014

Aprobada la nueva Ley de Seguridad Privada

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Las previsiones se han cumplido, tal y como anunciaba la revista Seguritecnia en su último editorial del número del mes de marzo. Las Cortes Generales han aprobado hoy el texto de la nueva Ley de Seguridad Privada, que sustituye a la norma vigente desde el año 1992. De esta manera, finaliza el trámite para la aprobación de esta disposición, que actualizará el marco regulador de la actividad.

La nueva ley establece un marco actualizado para las actividades relacionadas con la Seguridad Privada en España. Como señala su preámbulo, esta nueva ley “representa un tratamiento total y sistemático de la seguridad privada en su conjunto, que pretende abarcar toda la realidad del sector existente en España, al tiempo que lo prepara para el futuro”.

La norma aprobada hoy incluye novedades en torno a diferentes aspectos relacionados con esta actividad, entre los que destaca el marco de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que estará basado a partir de ahora en los principios de complementariedad, coordinación y corresponsabilidad entre el ámbito público y privado de la seguridad.

Otros aspectos que contempla la norma son la mejora de la eficacia en la prestación de los servicios de seguridad privada, la lucha contra el intrusismo, la dotación al personal de seguridad de un respaldo jurídico o la ampliación de las actividades privadas.

También se han definido los conceptos y términos relacionados con la actividad, “que hasta ahora permanecían jurídicamente imprecisos o indeterminados, tales como el propio de seguridad privada”, señala la norma en su preámbulo.

La ley incluye entre su ámbito de aplicación a las empresas, personal, servicios, medidas y contratos de la Seguridad Privada, además de a los despachos de detectives. Igualmente, abarcará, entre otros, a los establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad, a los usuarios, a los operadores de seguridad, centrales receptoras de alarmas de uso propio, a los centros de formación y a las empresas prestadoras de servicios de seguridad informática. Esta última es otra de las novedades destacadas de la reforma ya que aborda el ámbito de la seguridad de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Principales novedades

A continuación, se destacan las principales novedades de la nueva Ley de Seguridad Privada como figuran en su preámbulo:

“Complementariedad”, “cooperación” y “corresponsabilidad”: la ley pasa de poner el acento en el principio de la subordinación a desarrollar más eficazmente el principio de complementariedad a través de otros que lo desarrollan, como los de cooperación o de corresponsabilidad, mediante una técnica legislativa más flexible que permite una adaptación permanente a los cambios que experimente la sociedad sin que sea precisa una reforma de rango legal para ello.

En la relación especial que mantiene la seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, auténticos garantes del sistema de libertades y derechos que constitucionalmente protegen, se hace necesario avanzar en fórmulas jurídicas que reconozcan el papel auxiliar y especialmente colaborador desempeñado por la seguridad privada, de forma que, además de integrar funcionalmente sus capacidades en el sistema público de seguridad, les haga partícipes de la información que resulte necesaria para el mejor cumplimiento de sus deberes. Por lo que esta ley, en beneficio de la seguridad pública, establece el marco para la más eficiente coordinación de los servicios de seguridad privada con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de los que son complementarios.

Actividades de la seguridad privada: otras importantes novedades que la nueva ley incorpora en su título preliminar son las referidas a la actualización del ámbito de las actividades de seguridad privada; se regulan las llamadas actividades compatibles, consistentes en todas aquellas materias que rodean o tienen incidencia directa con el mundo de la seguridad, y, por otra parte, se completan y perfilan mejor las actividades de seguridad privada, como es el caso de la investigación privada, que se incluye con normalidad en el catálogo de actividades de seguridad.

Personal de seguridad privada: asimismo, se incorpora en materia de personal, largamente demandada por el sector, es la protección jurídica análoga a la de los agentes de la autoridad del personal de seguridad privada frente a las agresiones o desobediencias de que pueden ser objeto cuando desarrollen, debidamente identificados, las actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Comunidades autónomas: uno de los aspectos donde más se ha puesto de manifiesto el cambio habido desde la aprobación de la Ley 23/1992, de 30 de julio, es en la participación de las comunidades autónomas en la materia. Al objeto de evitar interferencias y duplicidades, se prevén mecanismos de coordinación institucional, se clarifica el reparto de competencias estatales y autonómicas, se afianza la competencia exclusiva del Estado en materia normativa y se sitúan en la órbita ejecutiva las competencias de las comunidades autónomas.

Servicios de videovigilancia e investigación privada: además, se regulan los servicios de videovigilancia y de investigación privada, ya que se trata de servicios que potencialmente pueden incidir de forma directa en la esfera de la intimidad de los ciudadanos. En el segundo caso, desde el ánimo de compaginar los diversos intereses en juego, se abordan cuestiones tan delicadas como la legitimidad del encargo, el contenido del informe de investigación o el deber de reserva profesional.

Seguridad TIC: la seguridad de la información y las comunicaciones aparece por primera vez configurada no como actividad específica de seguridad privada, sino como actividad compatible que podrá ser desarrollada tanto por empresas de seguridad como por las que no lo sean, y que, por su incidencia directa en la seguridad de las entidades públicas y privadas, llevará implícito el sometimiento a ciertas obligaciones por parte de proveedores y usuarios.

Conceptos y términos: en el título preliminar se ha aprovechado para dar definición legal a conceptos o términos que hasta ahora permanecían jurídicamente imprecisos o indeterminados, tales como el propio de seguridad privada, o los de actividades de seguridad, servicios de seguridad, funciones de seguridad, medidas de seguridad, despachos de detectives privados u otros de significada importancia, lo que sin duda alguna ha de tener una directa repercusión favorable en la mejora de la seguridad jurídica.

Para ver el texto que se ha debatido en el Congreso de los Diputados a 20 de marzo de 2014 puede hacer desde aquí:

Ley de Seguridad Privada – Boletín Oficial de las Cortes Generales

Próximamente publicaremos el texto definitivo que aparecerá en el BOE.